En la jornada de conclusiones del juicio

La fiscalía reitera que no pide pena de prisión para la infanta Cristina por su implicación en el caso Nóos

Mantiene además la petición de 19 años de cárcel para Iñaki Urdangarin

La infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, han llegado a las 10:40 horas de este viernes, 10 de junio, a la sede de la Escuela Balear de la Administración Pública (EBAP) de Palma para asistir a la presentación de las conclusiones del juicio del caso Nóos. El juicio alcanza hoy su quincuagésimo quinta sesión, en la que se han presentado las conclusiones las seis acusaciones, que formularán la calificación jurídica de los hechos que se han juzgado y definirán los delitos de los que acusan a cada procesado y las penas que solicitan al tribunal que les impongan.

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El fiscal anticorrupción Pedro Horrach mantiene su posición inicial, no pide ninguna condena para la infanta Cristina aunque la considera responsable civil a título lucrativo y señala que ya ha aportado toda la cuantía que le fue solicitada: 587.413 euros. Únicamente ha añadido un cambio respecto a la petición inicial al indicar que "ha consignado la cantidad total que se le solicitaba en concepto de responsabilidad como partícipe a título lucrativo", según ha señalado Horrach.

Mientras, la Abogacía del Estado reclama a la infanta Cristina 163.462 euros de responsabilidad civil, como partícipe a título lucrativo de los bienes con los que se lucró su marido, Iñaki Urdangarin, al cometer presuntamente fraude fiscal en sus declaraciones de IRPF de los ejercicios 2007 y 2008. La cantidad es algo inferior a los 168.571 euros solicitados en el escrito provisional de acusación antes del inicio de juicio, al haber rebajado la Agencia Tributaria el cálculo de la cuota presuntamente defraudada por Iñaki Urdangarin.

El sindicato Manos Limpias, única acusación que reclama pena de cárcel para la Infanta, mantenido su petición de ocho años de prisión contra ella al considerarla cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales que su marido habría cometido en 2007 y 2008 a través de Aizoon, empresa de la que ambos son propietarios al 50 por ciento. La entidad considera que no hay motivos para rebajar la solicitud de pena puesto que la hermana del rey Felipe VI, a su juicio, no ha colaborado con las investigaciones y, además, se negó a responder durante su declaración en el juicio a las preguntas que no procedieran de su propio abogado.

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Es más, para justificar su solicitud de ocho años de cárcel -cuatro por cada uno de los dos delitos contra Hacienda-, la letrada que representa a Manos Limpias en este proceso, Virginia López Negrete, apunta que la acusada incurrió en una agravante, y fue el haber interpuesto una sociedad, Aizoon, para ocultar la verdadera identidad de los obligados tributarios. De hecho, sostiene que la Infanta contribuyó, como socia de Aizoon, a que su marido pudiera valerse de esta empresa 'pantalla' para facturar a través de la misma, como si de rendimientos de actividades económicas se tratasen, y no personales, las retribuciones que cobró de numerosas entidades privadas de las que era consejero asesor, y de este modo tributar menos en su declaración de la renta.

El sindicato reclama asimismo para la Infanta el pago de 2.022.861 euros, y que se le impida obtener subvenciones o ayudas públicas y gozar de beneficios fiscales durante un periodo de seis años. La abogada mantiene intacto, de este modo, el escrito de calificación que presentó antes de que el juez José Castro abriera juicio oral contra la exduquesa y los otros 16 acusados de la causa. La letrada subraya que la defraudación presuntamente efectuada por Urdangarin, que asciende a un total de 337.138 euros, "nunca hubiera podido tener lugar" sin la "necesaria intervención" de Cristina de Borbón. "La Infanta sabía que todo lo que estaba haciendo era ilegal, pero aún así hizo como que miraba para otro lado. Pero eso sí, manteniendo viva su mercantil Aizoon a pesar de las advertencias de ilegalidad que pesaban sobre la misma", abunda en su escrito de acusación provisional cuyo contenido mantiene inalterado.

La empresa del matrimonio está considerada una de las sociedades 'pantalla' que integraban el entramado urdido en torno al Instituto Nóos para que Urdangarin y su exsocio Diego Torres pudieran apoderarse de los fondos públicos de las Administraciones con las que contrataban. De hecho, la mercantil llegó a nutrirse de forma presuntamente irregular de más de un millón de euros de la trama Nóos. En este contexto, Manos Limpias sostiene que Aizoon fue creada "con el deliberado propósito de servir como cauce para el reparto de los beneficios que, a pesar de su proclamación como entidad carente de lucro, obtenía e ilícitamente por demás el Instituto Nóos", además de utilizarse para facturar los "hipotéticos servicios personalísimos" prestados por Urdangarin a diversas entidades privadas, "sustrayéndolos así de las declaraciones que sobre el IRPF estaba obligado a realizar".

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La fiscalía Anticorrupción también mantiene sus peticiones iniciales con respecto a Iñaki Urdangarin. Mantiene su petición de 19 años y medio de cárcel para Iñaki Urdangarin, y de 16 y medio para su exsocio, Diego Torres en el caso Nóos, por urdir y liderar una trama empresarial con la que lograron apoderarse de hasta 6,2 millones de euros de las Administraciones públicas eludiendo los requisitos exigidos por las normas de contratación pública, según las conclusiones presentadas este viernes por las acusaciones ante el tribunal. El representante del Ministerio Público, Pedro Horrach, según fuentes jurídicas recogidas por Europa Press y Efe, ha decidido no modificar su solicitud después de que ninguno de los dos acusados haya mostrado arrepentimiento ni haya devuelto la cantidad supuestamente defraudada.

Según Horrach, Urdangarin y Torres pusieron en marcha una estructura hueca de contenido real y urdieron "una maraña de facturación ficticia" para hacerse con el dinero público. Y para ello utilizaron el Instituto Nóos, al que manejaron "a su antojo" junto a otras mercantiles de su propiedad para que "operasen al servicio de sus intereses comerciales". El fiscal atribuye a Urdangarin delitos de malversación, prevaricación, falsedad en documento publico y mercantil, fraude a la administración, estafa, dos delitos contra la Hacienda pública y blanqueo. En cuanto a la petición de multa para el exduque de Palma, la rebaja de 1.011.431 euros a 980.777 euros (523.725 euros por el presunto delito fiscal de 2007 y de 457.052 por el de 2008), dado que la cuota presuntamente defraudada en 2007 y 2008 fue algo más baja de la estimada anteriormente por la Agencia Tributaria.

El fiscal rebaja de once a cinco años la petición de cárcel para el expresidente del Govern balear, quien este jueves entregó al tribunal de la sección primera de la Audiencia de Palma 865.252 euros por la venta de su vivienda de Palma, como reparación del daño, en concepto de responsabilidades pecuniarias, a favor de los perjudicados en el caso Nóos. Horrach también rebaja la petición de cárcel para otros ex altos cargos del Govern: el exdirector general de Deportes del Govern balear, José Luis 'Pepote' Ballester; el exgerente de la fundación pública Illesport Gonzalo Bernal; el exgerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía, y el exasesor jurídico de esta empresa Miquel Ángel Bonet. También rebaja la petición de cárcel para la exconsejera delegada de Madrid 16 Mercedes Coghen de 6 años y medio a cuatro años y medio.

¿Un nuevo comienzo?
Durante estos últimos días, la hija de los reyes Juan Carlos y Sofía se ha vuelto a convertir en el centro de la noticia. Y es que a pesar de que no hay confirmación oficial de La Caixa, todo apunta a que la Infanta podría dejar definitivamente su puesto como directora del Área Internacional de la Obra social de la fundación bancaria española, tarea que desempeñaba en Suiza. Al parecer llevaba varios meses planteándose la posibilidad de un nuevo traslado de trabajo, coincidiendo con el comienzo de un nuevo curso escolar, porque estaría pensando en cambiar de residencia. El nuevo destino, según la periodista Paloma García Pelayo, podría tratarse de Lisboa.

Doña Cristina había pedido el pasado mes de febrero un permiso sin sueldo para hacer frente al proceso judicial por el caso Noós, aunque entonces parecía lo más seguro que una vez finalizado el juicio acabaría retomando su actividad laboral en La Caixa. Hoy ya no es tan seguro y, aún trabajando para La Caixa, suena con fuerza el cambio de residencia y de empresa, precisamente cuando ha vuelto a sentarse en el banquillo del juicio de Nóos junto a los otros 16 procesados. Un trámite con el que comienza el tramo final de la vista que empezó en enero ante la Audiencia de Palma.

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