El Govern prepara una reforma que reducirá privilegios a los funcionarios

La intención es introducir criterios de productividad del sector privado en el público | Entre los planes figura la reducción de la acumulación de días festivos

Jordi Barbeta

Mientras la agencia Bloomberg destacaba ayer las medidas de ajuste del Gobierno catalán, otra agencia internacional, Reuters, señalaba que "el próximo primer ministro español recaba información financiera antes de actuar". El plan de ajuste anunciado el martes por el president de la Generalitat, Artur Mas, ha sido interpretado en el mundo entero como el prólogo de lo que no tendrá más remedio que hacer el Gobierno español.

La "experiencia piloto" catalana se encuentra en fase de elaboración pero la filosofía del plan está perfectamente definida. Se trata de que "muchos se sacrifiquen un poco" y de "bajar sueldos para mantener la calidad de los servicios y los puestos de trabajo". La iniciativa fue saludada como "de sentido común" e "inevitable" por las organizaciones patronales y por la intelectualidad economicista, mientras los sindicatos amenazaron con nuevas movilizaciones.

En lo que afecta al funcionariado, el Govern prepara una ambiciosa reforma administrativa con la que pretende "parangonar las relaciones y los derechos laborales de los trabajadores públicos a los de los trabajadores privados". Eso, en Román paladino, significa reducir privilegios de los funcionarios y de los empleados de las empresas públicas que no tienen los demás. Un ejemplo circula de boca en boca. Los funcionarios tienen además de las vacaciones convencionales, entre una semana y once días de auseto para asuntos propios que los trabajadores de la industria no tienen. La intención del Govern es introducir criterios de productividad del sector privado en el público.

La reducción salarial a la que hizo referencia el president Mas sólo afectará a un complemento de las pagas extras de junio y diciembre. porque la Generalitat no tiene competencias para bajar el sueldo base. Fuentes de la Generalitat aseguran que la reducción será progresiva, es decir afectará más a los que más cobran y en ningún caso superará el 3% del salario bruto anual.

Obviamente todas estas medidas deberán negociarse con los sindicatos, por eso la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, ya ha convocado la Mesa de la Función Pública para los días 30 de noviembre y 1 de diciembre próximos.

Con su plan de ajuste para cumplir con el objetivo de déficit marcado por la Unión Europea, la Generalitat pretende ahorrar mil millones, más otros mil de la venta de activos, principalmente inmuebles. Uno de las fuentes de ingresos con la que la Generalitat espera recaudar más es con el recargo del céntimo sanitario. El Govern pretende utilizar al máximo la capacidad normativa de la Generalitat, lo que significa doblar el recargo actual. Pasando de 2,4 céntimos por litros a 4,8, los 273 millones de euros que se recaudaron en 2010 se convertirían en alrededor de 500 en 2012, teniendo en cuenta que en 2011 la recaudación ha evolucionado a la baja. Este recargo no afectará a los profesionales del sector como transportistas, agricultores y pescadores.

El aumento del precio del transporte público tiene como objetivo además del ahorro concienciar a la población sobre el coste de los servicios públicos. Con el precio del billete apenas se cubre un 40% y la intención del Govern es que los usuarios asuman como mínimo el 50% del coste del servicio. La T-10 en Barcelona, que se vende ahora a 8,25 euros rondará los 10 euros.

El denominado "ticket moderador" con el que la Generalitat pretende restringir el gasto farmacéutico no puede afectar al precio del medicamento, porque tampoco la Generalitat tiene competencias para ello. Los técnicos del Govern se han inventado una tasa por el gasto administrativo que representa la gestión de la receta y que supondrá un recargo de entre 0,20 y 1 euros. La previsión es recaudar con ello 70 millones de euros por año.

Otros recargos ya estaban previstos como el aumento del canon del agua que será del 10% y que tiene como objetivo prioritario sufragar las deudas contraídas por la Agència Catalana de l'Aigua durante la gestión del tripartito.

También se había prefijado de antemano un aumento del 7% de las tasas universitarias, que es lo máximo que permiten las competencias de la Generalitat. El Govern pretende negociar con el nuevo Gobierno español que suprima los límites impuestos a las comunidades autónomas.

La secretaría de Universitats considera que es excesivo el décalage entre el coste real y el precio de la matrícula y que no es justo que todos los alumnos paguen igual independientemente de su renta. Si ahora los alumnos cubren hasta el 15% del coste, la pretensión del Govern es alcanzar el 25%, pero además pagar según la renta familiar, de manera que la matrícula universitaria tenga efectos redistributivos. Pagando más los que más tienen, podrá ampliarse el 25% del incremento que se destinará a becas. Universitats no considera justo que las familias con nivel de renta elevado que optan por escuelas privadas o que pagan cuotas elevadas en algunas concertadas paguen en la universidad lo mismo que los demás.

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