Sigue la lucha: Reabren la querella de Arantxa Sánchez Vicario contra su familia

El padre y un hermano de la extenista tendrán que declarar como imputados en relación a presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal y falsificación documental

Ya ha pasado casi año y medio desde que comenzara el revuelo causado por la publicación de las polémicas memorias de la extenista, en las denunciaba la gestión que sus padres habían hecho de las ganancias que obtuvo durante su exitosa carrera profesional. Sin embargo, parece que la batalla sigue adelante y la lucha que mantiene Arantxa Sánchez Vicario contra su familia sigue más viva que nunca. 

Este jueves, la Audiencia de Barcelona ha ordenado reabrir la querella que presentó la jugadora contra su padre, Emilio Sánchez, su hermano Javier Sánchez, el abogado Bonaventura Castellanos y el economista Francisco de Paula, a los que acusa de haberse apropiado de más de 16 millones de euros de su fortuna.

 

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En un auto del tribunal de la Sección 10 de la Audiencia, los magistrados revocan el sobreseimiento de la querella que dictó el juzgado de instrucción número 28 de Barcelona y le ordena que les tome declaración como imputados en relación a delitos de apropiación indebida, administración desleal, delito societario y falsificación documental. La Audiencia cree que el archivo de la causa se produjo sin haberse hecho suficientes diligencias en la instrucción que permitieran saber la "suficiencia o no" de indicios de criminalidad.

La juez instructora consideró que no existían indicios de criminalidad para imputar a las personas querelladas por la extenista y que, en cualquier caso, la competencia para su investigación correspondía a tribunales de Andorra, Luxemburgo y Suiza, porque las cuentas bancarias de donde se sacó el dinero estaban en estos países. Sánchez Vicario recurrió entonces la decisión de la juez y ahora la Audiencia no sólo le ha dado la razón, sino que reprocha a la instructora que no siguiera "la tramitación adecuada porque abrió diligencias indeterminadas en lugar de las correspondientes previas" y sobreseyó la causa provisionalmente sin hacer ninguna diligencia.

La querella de Arantxa Sánchez Vicario fue presentada el 13 de noviembre de 2012 y la juez dio traslado de ella al ministerio fiscal el 18 de diciembre para que presentase un informe. El tribunal reprocha a la juez que admitiera la presentación de un escrito firmado por Castellanos "quien aún ni siquiera era parte en el procedimiento, en el que, haciendo uso de su condición profesional de abogado, formulaba alegaciones y aportaba prueba documental solicitando la inadmisión de la querella".

 

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La Audiencia dice que la actuación de la jueza instructora dejó en "manifiesta indefensión a la presunta perjudicada" y que el archivo de la querella sin la incoación de ninguna causa ni la práctica de ninguna diligencia no permite "averiguar la suficiencia o no de los indicios racionales de criminalidad". En su querella, Arantxa explica que ejerció de tenista profesional desde que tenía 14 años y hasta los JJOO de Atenas de 2004, y durante todo este periodo su padre y el abogado Castellanos asumieron todas las decisiones relativas a la administración de las empresas que ellos mismos iban constituyendo y dirigiendo con los poderes notariales otorgados por ella. Según la querella, la finalidad era "proteger su patrimonio e invertir los elevados beneficios económicos que la tenista ganaba".

La querellante sostiene que dada la "lógica confianza" en su progenitor y en el abogado de la familia no decidió implicarse en la gestión empresarial hasta el año 2005 cuando se encontró "por sorpresa" con que la Inspección de Hacienda le impuso una sanción de 5,2 millones de euros por liquidación incorrecta de su IRPF. Esta multa provocó una pérdida de confianza y la extenista asegura que encomendó una auditoría interna de las cuatro sociedades titulares de su patrimonio inmobiliario y financiero, de la que ella era la accionista mayoritaria.

La jugadora afirma que esta auditoría reveló la existencia de numerosas órdenes de reintegro de fondos en efectivo y transferencias bancarias emitidas por su padre, su hermano, el abogado y una cuarta persona ajena al ámbito familiar por un importe total de más de 16 millones de euros, por lo que decidió revocar los poderes notariales y les requirió que aportasen la documentación para justificar aquellos gastos.

 

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El juicio contra sus padres, aplazado en mayo
Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el juicio estaba fijado para el pasado 6 de mayo, sin embargo, ambas partes presentaron una petición de suspensión para intentar buscar un acuerdo. El juicio por la demanda de la extenista ya se suspendió en septiembre del año pasado, con el mismo pretexto de ganar tiempo para que ambas partes intentaran alcanzar un pacto.

La vista estaba convocada para resolver la demanda presentada por Arantxa Sánchez Vicario, que exigía la anulación del documento en el que otorgó a sus padres el uso de un piso situado en la avenida Diagonal de Barcelona, propiedad de una sociedad mercantil de la exnúmero 1 del tenis mundial femenino. Estaba previsto que en el juicio declarara Arantxa en calidad de demandante, y sus padres como demandados, aunque también habían sido citados como testigos abogados vinculados al acuerdo de cesión y otros miembros de la familia, entre ellos el hermano de la deportista y también extenista Emilio Sánchez Vicario.

"Nada puede doler más a unos padres que su hijo les acuse de todos sus males. Es inexplicable el dolor que sentimos, el nudo en el estómago que convive con nosotros. Yo tengo 75 años y mi marido 79. Nunca imaginamos que podría ocurrir algo así. Esta situación si que es una enfermedad que afecta directamente al alma y, aunque la intentaremos asimilar con dignidad, nos estamos quedando sin fuerzas", confesó la madre de Arantxa, Marisa Vicario Rubio, con motivo de la publicación de un avance de las memorias de la extenista.

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