La liberalización de horarios de Madrid enfrenta a todas las partes

La medida provoca el choque entre las organizaciones de consumidores, los pequeños y grandes comercios, y Gobierno y oposición

Asier Martiarena

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se ha desmarcado de otros colectivos de consumidores y ha mostrado su apoyo al anteproyecto de Ley de Liberalización de Horarios Comerciales presentado por la presidenta regional, Esperanza Aguirre, tras el Consejo de Gobierno.

Para la OCU, "los horarios comerciales amplios benefician a los consumidores, que disponen así de más tiempo para realizar sus compras y gozan de mayor capacidad de elección, que es en definitiva el derecho máximo de todo consumidor". Una postura que no comparte FACUA-Consumidores en Acción cuyo portavoz, Ruben Sánchez, sostiene que la liberalización de horarios en la Comunidad de Madrid no supondrá que haya más consumidores sino "los mismos gastando más" y ha augurado que "cerrarán pequeños comercios" como consecuencia de la entrada en vigor de la futura ley.

Algo similar sucede entre los trabajadores. La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) -El Corte Inglés o Fnac, entre otros- cree que esta medida es "muy positiva" y considera que "los cambios habidos en la sociedad española en las últimas décadas" con hogares unipersonales, familias monoparentales o parejas sin hijos, representan "cerca de la mitad del conjunto de los hogares y el comercio debe dar respuesta a las nuevas demandas, sobre todo de mayor flexibilidad en el tiempo de compra".

Los pequeños comerciantes, por el contrario, consideran que la medida que el Gobierno de Aguirre quiere implantar en mayo será "el final de sus vidas". Carmen, quien regenta una pescadería en el distrito centro de Madrid cree que "la liberalización de horarios acabará con nuestras familias ya que será imposible mantener las relaciones y los lazos porque estaremos condenados a estar siempre trabajando". Miguel, vendedor en una ferretería opina que las grandes superficies tienen margen para contratar a gente y hacer turnos. En el pequeño comercio nos explotarán haciendo jornadas interminables".

En ese sentido el presidente de la Confederación de Comercio de CEIM y de la Confederación de Comerciantes y Empresarios de Madrid, Hilario Alfaro, ha pedido al Gobierno regional que introduzca una moratoria de cinco años para que los establecimientos puedan adaptarse.

En la arena política la división es la misma. El Partido Socialista de Madrid, por boca de su diputado regional, Antonio Miguel Carmona, ha considerado que Esperanza Aguirre "actúa más como delegada de Carrefour y Alcampo" que como presidenta regional. "Los comercios que no podían abrir eran los grandes porque destrozan a los pequeños. Esto lo sabe casi toda Europa menos Aguirre, que no es liberal, es simplemente conservadora", ha manifestado Carmona en la Junta Municipal de Chamberí.

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