El Gobierno permitirá regularizar empleo sumergido sin sanciones

El empresario sólo deberá pagar las cotizaciones pendientes desde el 1 de enero

Por Mar Díaz-Varela

El Gobierno eximirá de sanciones a los empresarios que regularicen voluntariamente el empleo sumergido antes del 30 de junio. Es decir, se trata de una amnistía laboral, porque sólo tendrán que pagar las cotizaciones sociales correspondientes desde el 1 de enero del 2011 y hacer un contrato laboral al trabajador regularizado. Con esta medida las empresas se blindan ante posibles inspecciones de la Seguridad Social que conllevarían el pago de las cotizaciones sociales de los últimos cuatro años, una sanción y los intereses de demora.

Así se recoge en el borrador del real decreto ley de medidas de afloramiento del empleo sumergido que aprobará el Consejo de Ministros el viernes, porque su propuesta no ha obtenido el respaldo de los agentes sociales. Se trata, por tanto, de la primera discrepancia en el diálogo social, a la espera de lo que pueda suceder con la reforma de la negociación colectiva el 6 de mayo.

La propuesta ha provocado un fuerte rechazo de los sindicatos, que consideran que se deja al trabajador en una situación de desprotección y dudan de su eficacia. En concreto, afirman que, al obligar al empresario a hacer un contrato temporal, el trabajador no tendrá garantía de continuidad. Además, critican que al trabajador no se le reconoce la antigüedad, ya que sólo se le reconocerán las cotizaciones sociales del último año (a efectos de cómputo de su futura pensión o acceso a otras prestaciones sociales).

La CEOE tampoco está completamente de acuerdo con la propuesta porque a partir del 30 de junio se endurecen las sanciones. De esta manera, una vez que termine el proceso de regularización se elevará la multa máxima a los empresarios hasta los 180.815 euros. Tampoco podrán establecer contratos con el sector público ni beneficiarse de planes de empleo.

A pesar de ello, el Gobierno quiere aprobar el decreto el viernes para amortiguar el efecto negativo que tendrá la publicación de la encuesta de población activa (EPA), que rondará los 5 millones de parados en el primer trimestre. Se trata de mantener la tensión reformadora en la lucha contra el desempleo ante los mercados y las autoridades europeas.

De esta manera, el decreto ley supone la apertura de un periodo transitorio hasta el 30 de junio para los empresarios que voluntariamente afloren el empleo sumergido. Las empresas tendrán que solicitar el alta de estos trabajadores en la Seguridad Social dentro del plazo señalado. “Dichas altas retrotraerán sus efectos a la fecha de inicio de la respectiva prestación de servicios, con el límite máximo del 1 de enero de 2011”, según el borrador.

El ingreso de cotizaciones a la Seguridad Social podrá ser objeto de aplazamiento. Si bien se eximirá la presentación de los avales que exige habitualmente la Seguridad Social. El decreto deja claro en su artículo 3 que “no podrán ser objeto de sanciones administrativas previstas”.

Las empresas que se acojan a esta regularización deberán hacer un contrato laboral legal al trabajador, que no tendrá que ser necesariamente indefinido como se exige ahora. Eso sí, no podrán beneficiarse de las bonificaciones que existen para la contratación.

El decreto deja claro que no podrán acogerse a esta regularización voluntaria las empresas que tengan abierto un proceso de inspección de la Seguridad Social. El Ministerio de Trabajo considera que el plan no se puede definir como una “amnistía” porque no se exime del pago, simplemente se reduce la cuantía para animar a resolver la situación.

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