2.000 empleados de Spanair pierden su trabajo tras el cierre de la aerolínea

La compañía confirmó anoche que suspendía sus operaciones por sus problemas financieros y que presentará concurso de acreedores

La aerolínea española Spanair anunció este viernes la suspensión de sus operaciones, lo que supondrá la cancelación este fin de semana de 220 vuelos y afectará a 22.773 personas, según fuentes de la compañía consultadas por EFE. En una nota, pide perdón a los usuarios perjudicados y justifica su decisión "ante la falta de viabilidad financiera para los próximos meses", por la que "la compañía ha optado por cesar la operación de sus vuelos como medida de prudencia y seguridad, y tomará todas las medidas legales pertinentes". En una comparecencia ante los medios de comunicación durante una pausa del consejo de administración de Spanair, el presidente de la compañía, Ferran Soriano, ha justificado la decisión de suspender sus operaciones por "prudencia y seguridad" tras fallar las negociaciones para incorporar a un socio y después de que la Generalitat retirara el apoyo financiero a la compañía.

Por su parte, Aena indicó que la suspensión se iba a iniciar a partir de las 02:00 horas del 28 de enero. Asimismo, declaró que había decidido habilitar salas especiales en los aeropuertos de Barcelona y Madrid para atender a los pasajeros afectados por el cese de operaciones de la compañía y había constituido comités de coordinación y seguimiento para su recolocación en vuelos de otras aerolíneas.

Los usuarios que tenían previsto volar con Spanair o que habían adquirido un billete para los próximos días, semanas o meses disponen de información en la página web de la compañía, www.spanair.com, sobre cómo proceder para recuperar su dinero. También se ha puesto a disposición de los clientes en el Spanair Center un número de teléfono para poder atender a los pasajeros, el 902 13 14 15. A pesar de todo, son muchos los pasajeros que se han quejado de que ayer, a pocas horas de anunciar la noticia, seguían vendiendo billetes y que los precios que se les piden ahora por esa reubicación son más elevados de lo que se había anunciado.

Fuentes aeroportuarias han explicado a EFE que los trabajadores de Spanair fueron abandonando el aeropuerto durante la madrugada después de recoger "sus cosas de las taquillas, ya que hoy no tienen permiso para acceder a las instalaciones". También durante las últimas horas los aviones de la compañía fueron trasladados a "aparcamientos remotos alejados", así como los autobuses de transporte de viajeros, vehículos, material electrógeno y otros enseres se llevaron a un almacén en Barajas.

La compañía tenía previsto operar este sábado 91 vuelos y un total de 129 este domingo. Spanair, con unos 2.000 trabajadores, una facturación anual de 600 millones y una cuota de mercado del 22 por ciento, arrastra una historia de turbulencias económicas con varios expedientes de regulación de empleo y pérdidas millonarias -115,72 millones en el 2010-. El Gobierno regional de Cataluña confirmó que suspendía las aportaciones de fondos públicos a Spanair y esto, unido al desinterés de Qatar Airlines por entrar en el capital, ha sido determinante para el brusco final de esta aventura empresarial. La crisis ha golpeado con fuerza a esta compañía, que centra su actividad precisamente en las rutas con menores demandas y que ha tenido que hacer frente a la subida del precio del combustible y a una falta de liquidez casi estructural. La aerolínea española operaba más de 200 vuelos diarios: el 87 por ciento como línea regular (46 rutas nacionales y 12 a distintas ciudades de Europa y África) y el 13 por ciento restante como charter, principalmente en verano. 

La aerolínea se enfrenta a una sanción de hasta 9 millones de euros
La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha anunciado la apertura de un expediente sancionador contra Spanair, sus gestores y administradores, lo que podría suponer hasta 9 millones de euros de multa. La compañía ha podido incurrir en dos infracciones consideradas "muy graves", sancionadas con una multa de hasta 4,5 millones de euros cada una, además de la retirada de la licencia para operar, ha dicho la ministra en una rueda de prensa, en la que ha comparecido junto con el secretario de Estado y de Planificación y de Infraestructuras, Rafael Catalá.

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